El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España ha anunciado que este año tiene la intención de regular la prestación de asistencia personal, una figura que viene recogida en el catálogo de prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde su aprobación el 14 de diciembre de 2006, pero que aún no se ha regulado, aunque desde hace algunos años algunas CC.AA. han impulsado esta figura y algunas entidades sociales han desarrollado servicios de gestión de la asistencia personal en clave de éxito. 

 

Muchos son los motivos para explicar el por qué no se ha desarrollado una de las prestaciones que más sentido da al objetivo de generar la mayor autonomía posible a las personas con discapacidad y facilitarlas su inclusión en la sociedad, pero en este artículo me voy a centrar en cómo ha evolucionado el concepto de “Proyecto de vida” en estos años, elemento clave en el modelo de vida independiente. Trabajar o estudiar para formar parte del mercado laboral son dos de las vías principales para conseguir la inclusión real de las personas con discapacidad, pero a día de hoy no son las únicas. Hay otras formas de participación que aportan igual valor que trabajar o estudiar y que forman parte de lo que cada persona entiende que es su proyecto de vida como, por ejemplo, la participación en entidades sociales, asociaciones vecinales, medioambientales, asociaciones feministas u otras muchas que forman parte de la sociedad civil que tantas propuestas aportan al progreso de la sociedad. 

 

Hay otros grupos de población a los que en un principio no se les tenía identificados como posibles beneficiarios de la asistencia personal como son las personas mayores y los menores dependientes, pero que en los modelos de gestión que estamos desarrollando hemos comprobado la utilidad que tiene la asistencia personal para estas personas. El concepto de envejecimiento activo tiene que incorporar herramientas de apoyo para las personas que les faciliten la realización de actividades diarias de forma autónoma, elegir su lugar de residencia y poder seguir aportando experiencia y talento formando parte o realizando actividades de interés para la sociedad como la participación en asociaciones culturales o asociaciones de defensa de derechos u otro tipo de asociaciones u organizaciones. Respecto a los menores dependientes es obvio que como cualquier menor poder optar con un mínimo de garantías a vivir en su etapa adulta de la forma más independiente posible requiere de un aprendizaje. Este aprendizaje y la obtención de destrezas sociales los menores dependientes no solo las deben adquirir con el apoyo de los padres o los tutores. Como cualquier menor, deben ir explorando y adquiriendo estas habilidades por sí solos, pero en el caso de los menores dependientes les va a servir de ayuda tener su asistente personal para no depender en exclusiva de los padres o tutores, pero siempre supervisados por los padres o tutores. 

 

La asistencia personal es un apoyo que ha ido creciendo en sus posibilidades y en su dimensión, así como las personas con discapacidad y/o dependientes han ido ambicionando formar parte activa de esta sociedad bajo el principio de igualdad de oportunidades. No limitar las posibilidades y los posibles beneficiarios de la asistencia personal es no limitar la capacidad de desarrollarse de las personas con discapacidad. Que se convierta en una prestación flexible y compatible con otros apoyos recogidos en el SAAD es la clave para que su desarrollo alcance el objetivo de ser una prestación útil y que fomente la participación. 

 

La asistencia personal adquiere una mayor magnitud cuando ponemos el foco en las personas con discapacidad y/o dependientes que viven en el medio rural y como herramienta y apoyo para que muchas mujeres con discapacidad puedan seguir combatiendo los malos tratos y la violencia de genero. 

 

Una asistencia personal plural y que no limite la libertad de las personas a diseñar su proyecto de vida en función de sus necesidades cambiantes es lo que esperamos de la próxima regulación por parte del Gobierno y del Imserso.